Banco-Popular

Bufete DTR defenderá los intereses de muchos perjudicados extranjeros del Banco Popular

Cuatro bufetes americanos preparan ‘class actions’ contra Popular
La intervención de Popular añade argumentos a los bufetes Pomerantz, Rosen Law Firm, Khang & Khang y Bronstein, Gewirtz & Grossman. Santander heredará las demandas en EEUU.
El terremoto que ha originado el colapso de Banco Popular sufrirá réplicas fuera de las fronteras españolas.
Entre los 7.000 millones de euros en los que tendrá que ampliar capital Santander para absorber la quebrada entidad, se contempla la avalancha de reclamaciones legales que preparan los accionistas del banco. Parte de este frente tendrá lugar en suelo americano, donde varios despachos especializados en demandas colectivas (conocidas como class action) llevan semanas dando forma a su ofensiva judicial, iniciada antes del colapso irremediable del banco. ¿La adquisición de Popular debería ser irrelevante para las class actions. Banco Santander, simplemente, heredaría las reclamaciones formuladas frente a Popular y pasaría a ser el nuevo demandado de los casos”, explica un abogado americano experto en este tipo de querellas.

 

Ampliación de capital
Los bufetes Pomerantz, Rosen Law Firm, Khang & Khang y Bronstein, Gewirtz & Grossman iniciaron la búsqueda de accionistas damnificados desde que una auditoría reveló en abril la carencia de provisiones en las cuentas de Popular por valor de 600 millones de euros y el posterior desplome de la acción de la entidad. En el foco de las demandas ya estaba la ampliación de capital de junio del año pasado y la presentación de la auditoría. Los despachos de abogados ya consideraban en abril que Popular podría haber violado alguna de las normas de la SEC (el regulador de los mercados americanos) e iniciaron la búsqueda de potenciales demandantes.

 

En marcha
Aunque aún no se ha hecho oficial ninguna de las reclamaciones, los últimos acontecimientos que han dejado a cero el valor de Popular añaden más base a las posibles class actions y fuentes cercanas a los despachos afirman que podría haber novedades en los próximos días. Por su parte, en el despacho Rosen Law Firm, la segunda mayor firma del país por número de demandas colectivas resueltas y con sede en Nueva York, barajan el 31 de julio como fecha máxima para registrar la class action.
Pese a que inicialmente fueron varios los bufetes que promovieron investigaciones contra la entidad española, las demandas podrían fundirse finalmente en una sola para presentar una única class action. Generalmente, las distintas acciones de demanda colectiva acaban integrándose, ya que, cuanto más damnificados, más opciones hay de ganar la batalla judicial.
Este tipo de reclamaciones suele presentarse ante tribunales que generalmente son federales en casos que involucran a mercados vigilados por la SEC. Es entonces cuando el juez decide si hay motivos para interponer una class action, es decir, si hay un grupo amplio que merece protección.
La class action busca un grupo homogéneo de personas con una causa común, pero no fija limitaciones por nacionalidad. Es decir, un accionista español puede sumarse a la demanda colectiva, pese a que el proceso se abra en Estados Unidos por un despacho americano.

 

Proceso largo y costoso
El proceso legal de estas demandas es tan largo y costoso que Santander podría decidir pactar una indemnización El banco ha sufrido antes class actions. Pomerantz y Khang & Khang, dos de los bufetes que iniciaron investigaciones contra Banco Popular en abril, interpusieron el año pasado una demanda colectiva contra su filial de crédito Santander Consumer Holdings, cuyas acciones se vieron afectadas por el retraso en la presentación de las cuentas.
Todas las entidades que cotizan o emiten deuda en Estados Unidos, como es el caso de los grandes bancos, están sujetas a las normas de la SEC y, por tanto, pueden verse afectadas por este tipo de acciones.

 

Recobro de coberturas
Los analistas de la City de Londres también creen que el coste de los potenciales litigios que presenten los inversores que eran propietarios de acciones y bonos de Popular es una de las principales incertidumbres para determinar la futura rentabilidad de Santander en esta operación.
Pero por el momento, antes de ir a los tribunales, los grandes inversores con sede en la capital británica están más centrados en recuperar el máximo dinero posible a través del cobro de los seguros de impago (CDS por sus siglas en inglés) que habían contratado sobre la deuda de Popular. Estos son instrumentos que permiten a sus propietarios recuperar el dinero invertido en los activos subyacentes (normalmente bonos) cuando hay una bancarrota del emisor.
Un comité formado por cinco fondos de inversión y diez bancos de negocios mantuvo ayer un encuentro en Londres para organizar cuanto antes la ejecución de los CDS de la deuda amortizada de Popular, lo que permitirá a los dueños de los bonos que tuvieran esas coberturas recuperar parte de su dinero. Esto facilitará a cada firma determinar la cuantía final de sus pérdidas. Está previsto otro encuentro de este comité el viernes 16 de junio.
Los fondos que participan en estas reuniones son Pimco, Elliott Management, Citadel, Cyrus y AllianceBernstein. Por la parte de la banca de negocios están Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho y Société Générale.

 
 
Fuente : Expansión