La Sindicatura, primer accionista de Popular, se suma a la ofensiva y lleva el caso a Luxemburgo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha admitido a trámite un nuevo recurso contra la resolución del banco presentado en nombre de la Sindicatura de Accionistas de Popular, primer accionista de la entidad. Su estrategia de defensa está liderada por el despacho Ramón C. Pelayo, especializado en litigación bancaria.
Este grupo no representa en bloque al conjunto del grupo inversor pero sí a su núcleo duro, incluido el exconsejero Francisco Aparicio Valls, considerado su hombre fuerte, según fuentes jurídicas. En total, el bufete reúne adhesiones por alrededor del 6% del capital. La Sindicatura tenía una participación del 9,6% en el momento de la resolución y reúne a las familias tradicionales fundadoras del banco, la mayoría miembros del Opus Dei, y a antiguos empleados.
El despacho se reserva la posibilidad de pedir más adelante una compensación económica por daños, cuando se disponga de más información.
Desde el entorno de la Sindicatura se confía en la vía europea como la mejor para recuperar al menos parte de su inversión en Popular, que era el sexto banco por activos. Es imposible calcular el monto de sus pérdidas porque fueron adquiridas en distintos momentos. El impacto ha sido notable. La prueba es que la sociedad Unión Europea de Inversores, formada por algunos accionistas vinculados a la Sindicatura, aprobó el mes pasado su disolución. Tenía una participación directa del 2,94% en Popular y ha entrado en fase de liquidación. Su único activo eran las acciones.

Por otra parte, la Sindicatura ha llevado también ante la justicia española al Frob, el organismo que ejecutó en España la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR). Esta acción legal está en manos del abogado Jesús TrilloFigueroa, hermano del expresidente del Congreso, Federico Trillo.
Al margen de esta ofensiva legal como parte perjudicada por una decisión que consideran «desproporcionada», algunos exconsejeros de Popular miembros de la Sindicatura han contratado los servicios de CMS Albiñana & Suárez de Lezo ante la eventualidad de que algún inversor ejerza acciones penales contra ellos por haber firmado las cuentas de la última ampliación de capital y las de 2016, que registraron pérdidas récord y fueron objeto de una revisión posterior al alza.
Abogados y arquitectos
Ramón C. Pelayo también ha recurrido la resolución de Popular en nombre de otros dos clientes, la Mutualidad de la Abogacía y a la Mutualidad de los Arquitectos (HNA). Los primeros han perdido 54 millones. Su presidente, Enrique Sanz, señaló en su día que se sienten «expoliados», ya que unos días antes el Gobierno y el Banco de España «garantizaban públicamente la solvencia de la entidad».
HNA ha perdido un millón de euros con su inversión.

 

Fuente : Diario Expansión